Isidro Solís, exministro de Justicia: “No hay una dictadura más tremenda que la que se impone desde la justicia”

Rocio Montes

El abogado y ministro del Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís, habla directamente de algunas propuestas "peligrosas" que han sido aprobadas en general por la Comisión de Sistemas de Justicia de la constituyente, aunque falta el ingreso de indicaciones, el cierre del plazo para ingresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y luego el debate en el Pleno del órgano de 154 miembros.

– ¿Qué le parece la eventual creación de un Consejo Supremo de Justicia?

– Si estamos hablando exclusivamente de la finalidad de sacar de la magistratura la función administrativa, el objetivo me parece no solo razonable, sino deseable, aunque no sé si lo que se necesita apunta a un consejo nacional de la magistratura o un órgano de otro tipo. El problema está en que el consejo, en paralelo, genera un tipo de mecanismo para la designación de los jueces

– En el caso de la experiencia latinoamericana y la europea, los consejos no han sido un aporte a la independencia judicial.

– Es el punto delicado, porque tiene relación no solo a la independencia de los jueces, sino a la existencia de la garantía que tienen todos los ciudadanos de un sistema de enjuiciamiento independiente, neutral, profesional y que garantice que el juzgamiento de las personas se hará de acuerdo a criterios neutros y apolíticos. Cuando los consejos nacionales de la magistratura han entrado a politizar el sistema de designación, estableciendo los criterios bajo los cuales los jueces deben fallar, han sido absolutamente nefastos.

– La propuesta de la convención apunta al nombramiento de supremos, el fiscal nacional, el defensor público y los notarios, entre otros. ¿Le preocupa?

– No solo me preocupa: si no se revuelve bien, se trata de una propuesta peligrosa. Es peligroso porque eventualmente acarrea la posibilidad de politizar la función judicial. No existe una dictadura más tremenda que la dictadura que se impone desde la justicia.

– ¿En qué países piensa?

– Venezuela es el epítome de la mala experiencia.

– ¿Cómo funciona ahora en Chile?

– El sistema de designación de los ministros de los tribunales superiores hasta el momento funciona razonablemente bien. Y el riesgo de cambiarlo versus la posibilidad de mejorarlo un poquito no sé si vale la pena pagarlo.

– ¿No cabe la posibilidad de que haga bien?

– Tengo la convicción absoluta que, entre los seres humanos, los ángeles no existen. Por lo tanto, encontrar un consejo de ángeles que sea capaz de seleccionar a jueces que sean otros ángeles, absolutamente neutros, que serán capaces de que salgan sentencias justas desde lo más profundo de su corazón, tiendo a pensar que no va a existir. El peor de los riesgos es la politización del sistema de justicia y ese riesgo preferiría no correrlo. Y entre las propuestas que he escuchado, hay algunas que llegan a sonar exóticas y que muestran muy claramente qué hay detrás.

– ¿Por ejemplo?

– Leí que existe la propuesta de que, al aprobarse la Constitución, por una sola vez, todos los magistrados de los altos tribunales sean sometidos a una evaluación, de acuerdo a criterios que todavía no conocemos. Y por una sola vez, que todos ellos sean removidos o confirmados por la autoridad del Presidente que estará recién electo. Me suena muy difícil convencerme que de ahí vaya a salir una justicia plural. Tiendo a pensar que el riesgo es que salga de ahí una justicia extraordinariamente sesgada hacia un sector de la sociedad chilena, lo que, mirado hacia el futuro, me parece tremendo.

– ¿Qué hay detrás de estas iniciativas?

– Sectores a los que no les gusta los criterios de resolución de conflictos que hoy tiene la justicia chilena tratan de aprovechar la Convención para generar un tipo de justicia totalmente nueva.

– ¿Se refiere a los miembros de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención?

– Todas las propuestas que estamos conociendo vienen de ahí.

– Cuando habla de una justicia "extraordinariamente sesgada hacia un sector de la sociedad chilena", ¿se refiere a la izquierda en desmedro de la derecha?

– Hoy, la mayoría de la Convención está en manos de los sectores de izquierda, efectivamente.

– Un punto delicado es la norma que limita a ocho años la duración en sus cargos a los jueces, pudiendo ser reelegidos. Hoy son inamovibles y duran hasta los 75 años. ¿Qué le parece?

– Efectivamente, la edad a la que los jueces pueden mantenerse en el cargo, desde el punto de vista de desarrollo de la actualidad, claramente parece excesivo. Con un juez que llegue hasta los 75 años impartiendo justicia se corre el riesgo de que estemos siendo juzgados por personas que no sintonizan con los valores predominantes de la sociedad chilena. Y uno podría buscar una solución: en vez de los 75, que llegue a los 70, 65...

– ¿Y limitar la duración del cargo en las cortes de apelaciones y Suprema?

– También me parece una reforma deseable por la búsqueda de un servicio cada vez más transparente y neutro. Porque la justicia sobre todo debe mantener un criterio de neutralidad frente a todo y una persona que se eterniza ejerciendo el poder tiende a afectar la neutralidad y la independencia del poder en su conjunto.

O sea, un ministro que se mantenga 30 años en la Suprema es claramente un caso indeseable porque va a participar en la generación de otros poderes y se construyen "amistocracias", trenzas, influencias, que se vuelven indeseables.

– ¿Lo ha visto?

– Es una función humana. Lo he visto en todas partes, no solo en el Poder Judicial. Por lo tanto, hay que buscar una cantidad de años que el servicio se preste bien. ¿Cuántos años? No lo sé.

Pero si uno dijera 10 años en la Suprema, si uno tiene presente que los ministros vienen de una carrera judicial y que por lo tanto van a tener que haber ejercido antes durante muchos años y van a llegar a una edad madura, me parece bien. Lo mismo para los ministros de la Corte de Apelaciones. Pero muy distinto es el caso de los jueces de primera instancia...

– Ese parece ser el principal nudo: la norma que limita a ocho años la duración en sus cargos a los jueces de primera instancia, pudiendo ser reelegidos...

– La estabilidad en el cargo y la inamovilidad son elementos centrales para la mantención de la independencia. Si queremos que un juez falle de manera sincera y responsable, debe tener la seguridad de que mantener esa sinceridad y esa rectitud no le va a traer consecuencias personales en su vida. Si un juez va a tener que fallar pensando que en determinada cantidad de años la estabilidad en el cargo va a depender de que haya fallado para agradar a la persona que lo va a mantener en el cargo, indudablemente abre una vía que puede terminar con la independencia judicial, que es indispensable para la recta administración de justicia. No hay recta administración de justicia si no hay independencia del juez al momento de fallar. Y no hay independencia del juez si su estabilidad en el cargo depende de que un organismo externo decida si sigue siendo o no juez.

– ¿Qué busca la convención con esta iniciativa?

– No podría juzgar intención. Pero creo que hay detrás poco conocimiento de cómo funciona el sistema, poca experiencia judicial, mucha academia y poco juicio, poco patrocinio y poder, poca representación de intereses. Poca justicia en lo concreto.

– ¿Qué le parece que por primera vez el Ministerio de Justicia vaya a estar liderado por una profesional que no es abogada, la socióloga Marcela Ríos?

– Es un desafío que vamos a tener que evaluar en el tiempo. Es inédito. Pero sospecho que va a significar a la titular, al menos, una sobrecarga. Si ya es difícil y pesado ser ministro de Justicia siendo abogado y con experiencia en todos los ámbitos de la aplicación de justicia, no siéndolo va a ser peor.